Debate sobre el Proyecto de Reforma del Código Civil argentino

 

Mientras se ajustan los últimos detalles, se espera que a fines de mayo se presente en el Congreso de la Nación el proyecto para un nuevo Código Civil y Comercial en Argentina. El siguiente informe analiza tanto los principales puntos que propone la reforma, como las modificaciones propuestas por organizaciones evangélicas en aspectos que las involucran directamente.

El Código Civil (CC) vigente en la Argentina contiene el agrupamiento de normas que regulan la vida cotidiana de los ciudadanos, se trata de un sistema que ordena y unifica criterios para tratarlos legalmente. El CC que actualmente está vigente es el de Vélez Sarsfield y fue escrito en el año 1869.

Ahora bien, es evidente que durante casi 200 años, ocurrieron cambios en la forma de vida de los argentinos, tal es así que a lo largo de este tiempo se han propuesto modificaciones jurídicas que se adapten a las necesidades de quienes habitan en el país. En respuesta a este problema, aparece un proyecto que tiene como fin la reforma del mencionado Código con el objetivo de actualizar su contenido.

El artículo 33 del CC sostiene que solamente se consideran personas jurídicas de carácter público al Estado Nacional, las provincias, los municipios, las entidades autárquicas y la Iglesia Católica. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Por qué en un Estado laico una religión en particular es reconocida como una entidad pública? y, en todo caso, ¿cómo afecta esto a la igualdad de culto?

Estos interrogantes abren el debate a un tema que, aunque no tenga mucha repercusión mediática, es sumamente polémico ya que concierne al derecho de libertad de culto de las personas. Según el Fichero de Cultos, creado en 1976 durante un gobierno de facto, en Argentina se contemplan dos bloques religiosos: La Iglesia Católica y los “otros cultos”. De estos dos, sólo la primera cuenta con subvención económica del Estado Nacional.

El camino hacia la “igualdad de culto” es una asignatura pendiente desde hace muchos años, se trata de que se haga manifiesto el reconocimiento al resto de expresiones de fe, entendiendo que el culto católico no representa a la totalidad de ciudadanos. Hoy por hoy, casi el 30% de la población argentina manifestó profesar una fe no católica, según el último censo realizado en el país. Por supuesto, al igual que otras situaciones relevantes en nuestra sociedad, el crecimiento de nuevos cultos ha quedado fuera del marco legal que brinda el actual CC.

Compromiso del gobierno ante las comunidades evangélicas

En este marco, el último 17 de abril se llevó a cabo un encuentro entre los miembros de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y la primera mandataria, Cristina Fernández de Kirchner. La entrevista brindó la oportunidad a los representantes de una parte de la comunidad evangélica, de exponer su punto de vista sobre la igualdad de cultos.

Según el comunicado que publicó ACIERA, la Presidenta de la Nación asumió ante ellos el compromiso de modificar el Decreto Nº 2037/79, que regula de forma autoritaria el funcionamiento del Registro de Cultos. Hecho que “significará un gran avance en el reconocimiento legal y legítimo de las iglesias y pastores en Argentina”.

Anteriormente ACIERA y la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), entidades reconocidas por trabajar en la defensa de sus principios religiosos, saludaron la iniciativa del gobierno nacional que dispuso la creación de una comisión encargada de la redacción de la reforma del Código Civil “Vélez Sarsfield”.

Desde FAIE, el pastor Guillermo Prein expresó: “Este es el momento de informarse y creer en la necesidad de participar en el debate, porque solamente de esa manera se obtendrá la libertad necesaria para trabajar en la evangelización” (Ver entrevista a Guillermo Prein). Por otro lado, ACIERA publicó un comunicado firmado por su vicepresidente Christian Hooft donde afirma que para que el nuevo Código sea realmente inclusivo se debe hacer hincapié en la igualdad de culto y el reconocimiento como sujetos de derecho de los muchos ciudadanos que no profesan el catolicismo.

De este modo, el compromiso asumido por la primera mandataria es un avance muy importante. No debemos olvidar que la búsqueda de un Código Civil que contemple la igualdad de cultos, no está motivada por afán de alcanzar los beneficios de los cuales goza la Iglesia Católica, sino por la práctica de la plena libertad de actividades religiosas de todos los habitantes del país. Por ejemplo, actos públicos o feriados nacionales, pues se institucionalizan prácticas que pertenecen a un ámbito religioso en particular involucrando a la totalidad de los ciudadanos.

Sin duda apoyamos la iniciativa de actualizar las normas que regulan aspectos tan importantes de la vida cotidiana, pero debemos destacar la importancia de reflexionar y participar en la construcción de una ley más inclusiva e igualitaria, que necesariamente separe al Estado de las religiones.

Una legislación que acompañe los cambios sociales

Ahora bien, ante el hecho de que el CC vigente tenga casi dos siglos de antigüedad es evidente su indispensable actualización en problemáticas como divorcio, inseminación artificial, adopciones, alquiler de vientres y otros asuntos que no existían a mediados del siglo XVIII. Estos temas, desde el punto de vista cristiano, ponen en tela de juicio la moralidad de las leyes en cuanto al concepto de familia y la concepción del cuerpo humano como un bien patrimonial.

El Juez Ricardo Lorenzetti, presidente de la comisión redactora de un Nuevo Código Civil, aclaró que la intención del mismo es regular situaciones que ya existen, no imponer modelos pues no es la ley quien cambia a la sociedad, sino la que acompaña el cambio que esta realiza constantemente.

Las familias contemporáneas se han corrido del modelo clásico, para formar grupos más heterogéneos y complejos, por lo tanto el actual CC busca dar respuesta a las nuevas problemáticas que aún no están contempladas.

Mayor sociabilidad e inclusión

Uno de los cambios más importantes de la modificación del CC es que integra el derecho público con el privado, logrando incluir los tratados internacionales, que a partir de la reforma de la constitución de 1994 gozan de jerarquía constitucional.

Otra modificación estructural que propone la reforma del CC es el destinatario: deja de centrarse en el juez para dirigirse al ciudadano. Se pretende mayor sociabilidad en el ejercicio de los derechos, ya que estos son cuestionados y analizados a nivel social. Recordemos que el vigente CC está redactado por y para hombres adultos de clase media-alta con vastos conocimientos y educación formal.

Por otra parte, una de las características más celebradas de este proyecto es la inclusividad de los sectores minoritarios al marco legal. Se le da lugar a los actores sociales que el antiguo código no contemplaba, incluyendo a las mujeres, niños y personas de la tercera edad.

Por último, interviene en lo relativo a los bienes. Se regula la relación entre un individuo y un bien de contenido patrimonial, pero también la titularidad e incidencia colectiva con estos. En este sentido, el más conocido es el caso de los pueblos originarios y su lucha por el reconocimiento por parte del Estado Nacional.

Los cristianos y los debates actuales

Celebramos que el Estado haya establecido agendas de trabajo en busca revisión de un tema de tal envergadura, como los vinculados a la igualdad de culto. Aunque, como cristianos somos conscientes que la Iglesia de Cristo no necesita reconocimiento del Estado para subsistir y crecer, pero sí de un marco legal para funcionar públicamente.

En definitiva, el debate por la igualdad de cultos no debería remitirse a una discusión meramente económica o al deseo celoso de obtener los mismos privilegios que el catolicismo. Sino más bien debería ser una oportunidad para que los cristianos evangélicos podamos realizar aportes que sienten las bases para que nosotros, y las generaciones futuras, podamos vivir una plena libertad de culto.

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